CSIF advierte que hay un 27% de interinos, pese a que hay que bajar la tasa hasta el 8% por ley
OLGA R. SANMARTÍN
El sindicato de profesores CSIF ha denunciado este viernes que las CCAA han prescindido del 75% de los docentes de refuerzo que contrataron para hacer frente a las incidencias de la pandemia de Covid. Sólo Andalucía, la Comunidad de Madrid y Andalucía mantienen a una parte » bastante inferior» de este personal adicional que ha servido para atender a los alumnos más necesitados. El resto de autonomías han dejado a cero esta bolsa de efectivos en este curso escolar.
En el curso 2020/21, los gobiernos regionales contrataron a 40.117 refuerzos para hacer frente a las imposiciones de prevención e higiene del coronavirus en las aulas. Estos profesores de más permitieron reducir las ratios, dividir en dos las clases y realizar apoyos individualizados a los alumnos que se quedaban descolgados. En el curso siguiente, el 2021/22, redujeron a la mitad las contrataciones y se quedaron en 22.660. Este curso 2022/23 que ahora comienza sólo hay 5.118 docentes para estas tareas.
«Las medidas de refuerzo se han eliminado de forma unilateral», advierte Mario Gutiérrez, responsable de Educación de Csif, que apunta que desde los recortes de 2010 «la escuela tiene un déficit de 50.000 docentes y una interinidad del 27%«. Este elevado porcentaje de interinos asciende al 43% en el caso de Navarra y al 39% en el de Canarias. La Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público establece que a partir del 1 de enero de 2025 no se podrá superar el 8% en esta tasa.
La pelea por el número de profesores y las ratios de alumnos por aula va a marcar este curso escolar, en el que los sindicatos ya están lanzando sus advertencias a la ministra de Educación, Pilar Alegría. El contexto es complicado, pues Alegría tiene que negociar medidas que exigirán más a los docentes y cambiarán la estructura de la carrera profesional. Ellos quieren como contrapartida que, como mínimo, se reduzca el tamaño de las aulas de forma generalizada. La ministra sólo accede a debatir que haya una bajada sólo en los centros educativos con dificultades o en entornos en desventaja socioeconómica.
Csif ha dicho que si no se atiende a una bajada de ratios generalizada, convocará en octubre una manifestación frente al Ministerio. Además, ha llamado a marchar el día 24 a mediodía frente al Congreso de los Diputados en protesta por «el deterioro de los servicios públicos y el alza de los precios». Sus reclamación es convocar en los próximos tres años 100.000 plazas públicas para «reducir la temporalidad al 8% como exige Europa» y otras 50.000 adicionales para «paliar el déficit acumulado desde 2010».
Este curso arranca con más o menos el mismo número de profesores que el año pasado: 519.665, frente a los 512.006 que el sindicato contabilizó en septiembre de 2021, aunque el pasado enero llegó a haber 539.035.
Al «déficit de plantillas» CSIF suma un «déficit de inversión», además del incremento de los precios, el «exceso de burocracia» y el «caos organizativo» provocado por el retraso en la aprobación de los currículos y la «aplicación precipitada» de la Ley Celaá. Siete CCAA aún no han aprobado los desarrollos curriculares autonómicos y «eso tiene como consecuencia que entre el personal docente haya una sensación de escepticismo, desilusión y cansancio, porque no confían en la nueva norma y no piensan que la educación vaya a mejorar».
Fuente: https://www.elmundo.es/