Llega el momento del año en el que los padres (y sus bolsillos) tiemblan ante el desembolso que van a tener que realizar para poder trabajar. La conciliación es un sector en auge
Por Héctor García Barnés
«Tengo tres hijas y, si tengo que dejar a las tres en campamentos, a lo mejor me gasto 1.500 euros y me compensa más no trabajar ese mes«, ironiza Alicia, madre madrileña de una niña de ocho años y dos mellizas de tres, que ha pasado las últimas semanas como tantas otras familias: haciendo cuentas para saber qué hacer con sus hijos durante el verano. “Los campamentos que mejor funcionan son los que organizan los colegios, pero son muy caros: de nueve de la mañana a cuatro de la tarde salen por 104 euros a la semana”, explica.
“Parece un lujo, pero en realidad se trata de una necesidad”, resume, condensando la experiencia de miles de familias españolas entre la última semana de junio y el mes de julio. El cálculo que realiza Miguel A., padre de un niño de cuatro años, apunta a este desfase entre los calendarios infantiles y los adultos. “El problema principal es obvio: el Estatuto de los Trabajadores reconoce 30 días naturales de vacaciones”, explica. “El calendario escolar tiene en torno a 70 días laborales en los que los niños no tienen clase. Entonces, ¿de dónde sacas 50 días en los que el Estado no cubre el hacerse cargo de los niños para que sus padres trabajen?”.
«Te pones rápidamente en los 400 euros, y eso le hace un roto a cualquier familia»
Ahí está el drama, en esos 50 días que trastocan las cabezas (y bolsillos) de los padres. Como indica Myriam Fernández Nevado, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, politóloga, socióloga, mediadora y consultora internacional en Infancia y Derecho, “la escuela adoptó los mismos horarios que las fábricas para que las madres pudiesen emplearse en el sector fabril”. El verano, en el mejor de los casos, es sinónimo de alrededor de cinco semanas en las que hay que buscar una ocupación para los niños. Algo más sencillo cuantos más recursos económicos se tienen; es, también, un negocio.
El resultado suele ser una fórmula sui generis a base de abuelos, esfuerzo económico y, en el mejor de los casos, apoyo público que suele generar una gran cantidad de estrés (y gastos). Como explica Miguel A., él no conoce a nadie que haya conseguido encontrar un campamento para su hijo durante todo el verano, porque programas como Días Sin Cole del Ayuntamiento de Madrid solo permiten pedir dos semanas y las plazas se reparten por sorteo, sin ninguna clase de discriminación por renta, así que ha decidido teletrabajar durante algunas semanas de julio para poder dejar a su hijo en el campamento del pueblo de su familia.
Algo semejante ocurre con Miguel M., padre de un niño de cinco años, que atiende a El Confidencial mientras lo cuida durante sus vacaciones. Presentó su solicitud en el distrito de Usera, pero, a mediados de mayo, supo que no le había sido concedida. “Yo una semana, mi pareja se pide otra y luego campamento, abuelos…”, explica. Su voluntad, ya que se lo puede permitir, admite, es que su hijo tenga sensación de vacaciones haciendo actividades distintas. “Nosotros hemos pagado una semana, pero, si te pones a pagar dos o tres, llegas a los 300 o 400 euros, que, para cualquier familia madrileña con un presupuesto justo, es un roto”.
Las plazas públicas escasean. “Pero en las privadas, si pagas, siempre te hacen un hueco”, confirma el padre.
Un negocio creciente
La gran explosión de los campamentos urbanos se ha producido durante los últimos 20 años, explica Fernández Nevado, aunque la pandemia haya propiciado otro pequeño empujón. “Estos campamentos nacieron para dar respuesta a la necesidad de los padres que trabajaban en verano y no podían conciliar su vida laboral y familiar”, recuerda la socióloga. Es complicado llevar un recuento exacto de todo el abanico de posibilidades, porque cada Ayuntamiento (y comunidad) tiene sus propias ofertas, así como centros, barrios, distritos, etc. Puede haber cientos de miles de campamentos urbanos en España.
«Lo solicitan más las familias de menor renta»
El crecimiento de la demanda de los últimos años ha provocado que toda clase de instituciones, asociaciones y entidades, tanto públicas como privadas, oferten los suyos. Museos, asociaciones de vecinos, centros culturales, ONG, empresas privadas, guarderías, iglesias, centros deportivos, equipos e, incluso, campamentos artísticos basados en Aladdín (el musical) ofertan sus propios programas que, aunque suelen presentar una oferta pedagógica, en realidad sirven como “guarderías para niños de 0 a 18 años”, como lamenta la socióloga.
Ese es el problema, insiste: que, al carecer de políticas de conciliación “que ningún Gobierno ha querido poner en marcha”, se abre la puerta a un negocio que obliga a los padres a pasar por el aro porque carecen de alternativas públicas. “Empezó siendo una política de servicio público, pero, ante el crecimiento de la demanda, la oferta ha aumentado y también el precio del servicio, lo que provoca que se endurezca aún más la situación de los progenitores”, explica al mismo tiempo que recuerda que “el nivel de renta de la familia demandante ha caído considerablemente, las familias de menos renta solicitan más el servicio”.
“Hay que ser estratégica y saber dónde pedir plaza, y está claro que yo no he sabido”, lamenta Elena, otra madre que no ha conseguido un hueco en la quincena que solicitó en Madrid. Por ello, ha tenido que recurrir a la academia de Artes Escénicas donde su hijo estudia durante el resto del curso, y que utiliza como reclamo musicales como Grease. “Hay mucho de marketing”, reconoce.
Otra muestra más de cómo la infancia se ha convertido en un negocio, añade Fernández Nevado. “Se han mercantilizado la infancia y la adolescencia, y eso no tendría que ser así. Tiene que primar el bienestar del niño, como dice la resolución 64 de la Asamblea General de las Naciones Unidas: los niños tienen derecho al juego”. En la trampa de la conciliación, el último consultado es el menor, que se ve en pleno verano en programas que tienen como objetivo no molestar el desarrollo de la vida laboral de los adultos y de la actividad económica del país, aunque, como recuerda la socióloga, “en España los profesores están todos formados porque hay que cumplir unos requisitos legales”.
«Los precios más bajos se ven en municipios pequeños. Las actividades de ocio son más económicas y las plazas son mayores»
Los precios en una ciudad como Madrid pueden abarcar desde los 90 euros a la quincena, como ocurre en el caso de Elena, a 150 o 200 euros a la semana. “Las familias con recursos tienen ahí un filón, pueden mandar a los niños donde quieran, pagando cantidades desorbitadas, son las familias sin recursos las que tienen más problemas”, explica Inés, madre de dos niños de siete y nueve años de Chamberí. Los precios varían según las horas o de si proporcionan servicio comedor. Una de las fórmulas más habituales en los colegios es que sean organizadas por los AMPA con las mismas empresas que imparten las clases extraescolares.
Esos huecos también han sido llenados por ONG como Educo o Aldeas Infantiles. “El desarrollo de estas actividades no se ha producido por el lado de lo público, sino por las ONG, que no tendrían por su ideario por qué realizarlo”, explica Fernández Nevado. “¿Y por qué se meten en esa clase de servicio? Porque en el siglo XXI la infancia y la adolescencia interesan solo en cuanto puede ser un negocio. Para los partidos políticos la infancia y la adolescencia interesan cuando tienen un rédito electoral o económico”.
Un problema urbano
Algunos de estos padres se preguntan si se trata de un problema urbano; propio tan solo de grandes ciudades con una demanda enorme de esta clase de servicios. El Ayuntamiento de Madrid oferta 14.375 plazas en el programa centros abiertos, con sus variantes en inglés y de educación especial, que cuesta 95 euros (subvencionados) a la semana, pero no son ni de lejos suficientes para cubrir todas las demandas. Los padres no conocen la demanda que tiene cada centro, por lo que a menudo se guían por el criterio de cercanía que a veces puede provocar quedarse sin plaza. Como recuerda Miguel M., en su distrito, Usera, se han repartido 92 plazas, y hay más de 300 familias en lista de espera.
“Yo siempre me pregunto: ¿y si viviésemos en Los Molinos?”, responde Alicia. “Ahí el Ayuntamiento organiza su propio campamento y no son tantos niños, en un pueblo pequeño es más fácil que te toque, como ocurre con obtener una plaza en el colegio o encontrar cita en el centro de salud, al final todos los trámites se acortan”.
El razonamiento de la madre tiene sentido. “Esta clase de centros nacieron en los municipios del extrarradio, más tarde pasaron a los centros culturales y colegios públicos, y luego fueron penetrando en privados y concertados”, recuerda Fernández Nevado. “Los precios bajos se ven en municipios pequeños. Si sales de la órbita municipal grande (capital de provincia, de comunidad autónoma o núcleos poblacionales grandes como Pozuelo o Boadilla) y vas a pueblos más pequeños como la sierra norte o al sur que no sean Parla y Getafe, las actividades de ocio son más económicas y las plazas son mayores. Está todo al revés”.
«Aunque pase en todas partes, en la Comunidad de Madrid hay más gente de fuera»
Además, mientras en el entorno rural o en ciudades más pequeñas es más sencillo dejar a los niños con algún miembro de la familia, en las grandes ciudades, con su migración, resulta más difícil recurrir a las redes familiares, como recuerda Inés: “Aunque pase en todas partes, en Madrid, mucha gente somos de fuera, así que no tenemos la posibilidad de dejarlos con los tíos o los abuelos que, además, no están para eso”.
Los cursos escolares en el resto de Europa suelen ser más largos, aunque no mucho más; generalmente, una o dos semanas. En países nórdicos como Finlandia o Noruega, el curso escolar arranca en la primera mitad de agosto debido, en parte, a las temperaturas más bajas. La duración de las vacaciones escolares es inferior a las ocho semanas en el centro de Europa. Pero la clave es la conciliación: “En Francia o Suiza te otorgan un año de conciliación, en España cuatro meses: te faltan ocho, y eso sin contar que tienen más permisos a posteriori”, recuerda la socióloga.
Se trata, mientras tanto, de un negocio redondo, menos para los padres, que cada año se enfrentan a las mismas incertidumbres. Como concluye Elena, “a mí con que el niño esté a gusto y se lo pase bien, ya me vale”. Ni el verano ni el bolsillo ni nuestros horarios están para grandes exigencias.
Fuente: https://www.elconfidencial.com/