Los alumnos de los cursos impares empezarán a estudiar este curso con el sistema que trae la Lomloe. Este es un repaso a los principales cambios que trae la norma
IGNACIO ZAFRAJ. A. AUNIÓN
La octava ley educativa de la democracia nació a finales de 2020 con la voluntad explícita de “revertir los cambios promovidos por la LOMCE [la ley Wert, de 2013, aprobada por el PP], especialmente aquellos que encontraron mayor oposición”, y de acomodar la legislación “a los retos actuales de la educación”, en la línea de “los objetivos fijados por la Unión Europea y la UNESCO para la década 2020/2030″. Así lo dice el preámbulo de la norma. Unas intenciones que se traducen en algunas iniciativas que, en la línea de buena parte de los países de la OCDE, tratan por ejemplo de reducir al máximo el recurso de la repetición de curso y de dar un vuelco a lo que se enseña y cómo se enseña para conseguir que los alumnos aprendan a aplicar los conocimientos que van adquiriendo.
Además, se establecen mecanismos para intentar acabar con la segregación que se produce entre las redes pública y concertada (privada subvencionada), y se elimina el blindaje a la extensión de esta última que introdujo la ley Wert. Esto último fue acompañado por protestas de buena parte de la concertada, y también hubo polémica por el cambio a un aprendizaje por competencias o por las facilidades (excesivas, según sus detractores) para pasar de curso y obtener titulaciones. Tampoco han gustado a algunas administraciones ―por ejemplo a Madrid― la insistencia de la norma en asuntos como la igualdad entre mujeres y hombres, la sexualidad o los Objetivos del Milenio de la ONU. Para evaluar los resultados de la nueva ley habrá que esperar un tiempo, aunque muchas cosas pueden cambiar a mitad de camino, teniendo en cuenta que esta norma nació, como las otras, sin consenso, y que hay elecciones generales a la vuelta de la esquina (como muy tarde, en diciembre del año próximo).
De momento, estos son los cambios que entraron ya en vigor el curso pasado, los que empiezan este y los que lo harán a partir de septiembre de 2023.
Lo que entra en vigor este curso
Aprendizaje por competencias. La principal revolución de la Lomloe es un cambio de enfoque en la forma de enseñar y de aprender. De un modelo centrado en los contenidos y en la capacidad del alumnado de repetirlos en los exámenes, la ley propone, en línea con lo que han tendido a hacer en los últimos años los países desarrollados, un sistema que tenga como objetivo que los estudiantes desarrollen en su etapa competencias que les permitan aplicar y relacionar los conocimientos que van adquiriendo, así como habilidades para desenvolverse en la vida y poder seguir aprendiendo por sí mismos cuando dejen atrás las aulas.
Libros de texto. Este modelo, llamado competencial, ha quedado plasmado en cada etapa educativa con los nuevos currículos, los documentos que establecen qué se debe enseñar en cada asignatura y cómo evaluarlo, y en los que se basan las editoriales para elaborar los libros de texto. Las comunidades han completado las enseñanzas mínimas establecidas por el Ministerio de Educación añadiendo su parte autonómica del currículo. Las gobernadas por el PP han añadido más contenidos que las demás.
Cursos impares. Estas asignaturas con contenidos renovados entran en vigor en los cursos impares de cada etapa: primaria, ESO, bachillerato y FP. La razón es que las etapas educativas están organizadas normalmente en ciclos de dos cursos. Y se considera mejor que quienes comenzaron el año pasado uno de estos ciclos con el modelo anterior, lo terminen con él. En el curso 2023-2024 el cambio se extenderá también a los niveles pares de todas las etapas.
Asignaturas nuevas. Habrá materias nuevas. Entre ellas, la obligatoria de Educación en valores cívicos, una especie de reedición de la Educación para la ciudadanía puesta en marcha hace 15 años, que los chavales tendrán que estudiar en uno de los dos últimos cursos de primaria y en alguno de los de la secundaria obligatoria, según haya decidido cada comunidad. En paralelo, la asignatura de Religión dejará de tener valor en la nota media del expediente a la hora de solicitar becas o pedir plaza en una carrera.
Más modalidades en bachillerato. El bachillerato pasará de tres a cinco modalidades. Dos de ellas corresponden a la división del bachillerato artístico en una rama centrada en la música y las artes escénicas, y otra, en las artes plásticas, el diseño y la imagen. El quinto, llamado bachillerato general, que lleva aparejado cuatro nuevas asignaturas, tendrá una implantación reducida, debido al retraso en la aprobación de los currículos por parte del Gobierno y las comunidades autónomas y a las inercias y los equilibrios internos de los centros educativos.
Lo que ya entró en vigor el curso pasado
Criterios de admisión en los centros. Los nuevos criterios de admisión en las escuelas, con los que la ley ha tratado de que sirvan para combatir la segregación escolar y lograr una distribución más equilibrada de los estudiantes vulnerables y con necesidades educativas entre la red pública y la concertada, ya entraron en vigor el curso pasado. Sin embargo, su concreción por parte de las comunidades autónomas ha sido desigual. Algunas autonomías gobernadas por el PP, como Murcia o Madrid, han aprobado normativas que carecen de impulso en esta dirección.
Títulos con suspensos. Entre los cambios introducidos el curso pasado, el que más debate generó fue el nuevo sistema para pasar de curso y obtener títulos oficiales, que en las etapas de educación obligatoria ya no puede depender de un número determinado de suspensos, sino que queda al criterio de lo que el equipo directivo considere, de forma colegiada, que resultará más beneficioso para la trayectoria educativa del alumnado. También en este caso las comunidades han realizado adaptaciones diferentes. Y las del PP, y en menor medida algunas gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha o Extremadura, han puesto límites a la capacidad de decisión de los equipos directivos al establecer que, para pasar de curso con más de dos suspensos tendrá que haber mayorías reforzadas entre los docentes, normalmente de dos tercios.
Lo que queda pendiente
Evaluaciones diagnósticas. Dos grandes novedades que se derivan de la Lomloe está previsto que empiecen a aplicarse en el curso 2023-2024. La primera, las evaluaciones diagnósticas, una especie de pruebas PISA a escala española que no tendrán consecuencias académicas, sino que su objetivo es dar información a las administraciones y a todos los actores de la comunidad educativa del punto en que se encuentran los conocimientos y competencias del alumnado. Esto debe servir para orientar tanto las grandes políticas como las decisiones a nivel de centro, clase e, incluso, familia. Todos los alumnos de cuarto de primaria (9-10 años) y segundo de la ESO (13-14) deberán someterse a las pruebas, que serán diseñadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y las comunidades autónomas. La norma también prevé que, cada ciertos años, se lleve a cabo una evaluación general del sistema educativo, unas pruebas que en este caso solo realizarán muestras de alumnos de sexto de primaria y de cuarto de la ESO de cada territorio.
Selectividad. A final del curso 2023-2024 se estrenará el modelo transitorio de Selectividad (en vigor hasta 2027, cuando volverá a cambiar) anunciado por el Ministerio de Educación, que reducirá el número de exámenes e incluirá uno por primera vez plenamente competencial, llamado prueba general de madurez académica, que englobará todas las materias del ámbito lingüístico (castellano, en su caso lengua cooficial e inglés) y tendrá como base un dosier de documentos con distintos formatos (textos, infografías, imágenes, audiosivuales…).
Fuente: https://elpais.com/
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